Desde la encomienda de Barcelona queremos
compartir con todos vosotros una noticia que publicó ayer miércoles la página
Forum Libertas, donde pone de manifiesto que el Partido Popular que con su
gestión de gobierno, ha logrado aumentar el número de abortos en España. No
podemos entender que con tanto “tijeretazo” la única partida presupuestaria que
no ha sido recortada fue la del aborto. Nos parece totalmente injustificable se
mire por donde se mire, que los gobernantes españoles defiendan el asesinato
del ‘nasciturus’.
Desde Temple Barcelona queremos compartir
íntegramente la noticia con todos vosotros para arrojar más luz a esta triste
situación.
Fotografía del presidente Mariano Rajoy y la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Pastor
ForumLibertas.com
Para ser exactos, 118.359 abortos, con un
crecimiento en relación al año anterior del 4,7%. Dos evidencias se aprecian
con una simple ojeada. La primera es que la nueva ley, en contra de lo que
decían sus defensores, no solo no ha detenido el número de abortos sino que los
ha incrementado. La segunda razón, y nos duele tener que plantearlo en estos
términos, pero son los que responden a la realidad, una vez más el Gobierno del
PP significa un aumento importante en el número de abortos. Algo parecido
sucedió en la época de Aznar, con un crecimiento rampante ante la absoluta
indiferencia del Gobierno. No es que estemos atribuyendo una relación directa,
claro que no, estamos diciendo que simplemente dejando que las cosas continúen
como estaban, si son malas, no hacen otra cosa que empeorar. El Partido
Popular se comprometió a modificar la ley y el ministro Gallardón reiteró que
antes de fin de año habría un borrador. A estas alturas, el tiempo ha pasado y
ni tan solo ha abierto consultas con las partes interesadas para llegarse a
formar un criterio.
Los datos muestran la aberración de la nueva ley y confirman lo que ya sabíamos con la anterior legislación, basada en los supuestos sin ningún tipo de control. Se trata de esta cifra: el 90% de los abortos realizados ha sido a petición de la mujer acogiéndose al derecho que le otorga la ley de abortar al hijo simplemente como expresión de su deseo. Es fácil constatar que ésta es la cobertura legal que ahora existe para la que los años anteriores se acogían de manera inadecuada al supuesto de enfermedad psíquica de la madre. Es la constatación escandalosa de lo que siempre hemos dicho: que España ha funcionado teóricamente durante muchos años con la ley de supuestos y, en la práctica, con la colaboración de gobiernos, jueces y fiscales, con la más absoluta libertad para abortar. Ésta es otra constatación, pero hay más. El número de abortos por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable es solo del 0,3%, y aquéllas que presentan grave riesgo para la vida o salud de la embarazada es solo del 7,3%, en total menos del 8 %. En España, los abortos que tendrían justificación por este caso, en el 2011, serían menos de 10.000. La diferencia es espantosa. Tampoco aparecen registrados el número de víctimas por violación, que confirma una vez más que se trata de una tipificación absolutamente marginal.
Constátese, a mayor abundamiento de lo dicho, que el grupo de grave riesgo para la salud de la embarazada es de solo el 7,3%. Han desaparecido, pues, aquellas magnitudes superiores al 90% que se producían con la antigua ley y que señalan lo dicho, que España ha vivido años y años bajo la ilegalidad más flagrante en algo tan delicado como es el respeto a la vida. Y en esto, evidentemente, el principal autor es el PSOE, porque es el que gobernó más tiempo; pero el PP lo hizo durante ocho años y no alteró para nada aquella situación, que tiene como mascarón de proa y del escándalo a Morín y el juicio que se ha cerrado en Barcelona y del que se espera sentencia a principios de este año.
La nueva ley, en contra también de lo anunciado, no hace otra cosa que aumentar el uso de centros privados. Menos de un raquítico 2% abortan en centros públicos. El predominio de este negocio ya es absoluto, y esto viene favorecido por la aplicación de recursos públicos, en una cuantía desmesurada y en época generalizada de recortes. En España, el Gobierno recorta todos los capítulos menos uno, el de los abortos, y esto se traduce en el generoso trato que las Comunidades Autónomas otorgan a estas clínicas. Es una piedra de escándalo que exista tal flujo de dinero público para una actividad privada. Si esto sucediera en otro campo, el PSOE e Izquierda Unida pondrían el grito en el cielo, pero como se trata del aborto, santo y seña de su identidad, lo admiten y celebran. Qué desgracia la de un país que unos, cuando tienen oportunidad de gobernar, se muestran insensibles ante el fundamento de la vida, el derecho a nacer, mientras los otros han convertido a la muerte en su signo de identidad.
Los datos muestran la aberración de la nueva ley y confirman lo que ya sabíamos con la anterior legislación, basada en los supuestos sin ningún tipo de control. Se trata de esta cifra: el 90% de los abortos realizados ha sido a petición de la mujer acogiéndose al derecho que le otorga la ley de abortar al hijo simplemente como expresión de su deseo. Es fácil constatar que ésta es la cobertura legal que ahora existe para la que los años anteriores se acogían de manera inadecuada al supuesto de enfermedad psíquica de la madre. Es la constatación escandalosa de lo que siempre hemos dicho: que España ha funcionado teóricamente durante muchos años con la ley de supuestos y, en la práctica, con la colaboración de gobiernos, jueces y fiscales, con la más absoluta libertad para abortar. Ésta es otra constatación, pero hay más. El número de abortos por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable es solo del 0,3%, y aquéllas que presentan grave riesgo para la vida o salud de la embarazada es solo del 7,3%, en total menos del 8 %. En España, los abortos que tendrían justificación por este caso, en el 2011, serían menos de 10.000. La diferencia es espantosa. Tampoco aparecen registrados el número de víctimas por violación, que confirma una vez más que se trata de una tipificación absolutamente marginal.
Constátese, a mayor abundamiento de lo dicho, que el grupo de grave riesgo para la salud de la embarazada es de solo el 7,3%. Han desaparecido, pues, aquellas magnitudes superiores al 90% que se producían con la antigua ley y que señalan lo dicho, que España ha vivido años y años bajo la ilegalidad más flagrante en algo tan delicado como es el respeto a la vida. Y en esto, evidentemente, el principal autor es el PSOE, porque es el que gobernó más tiempo; pero el PP lo hizo durante ocho años y no alteró para nada aquella situación, que tiene como mascarón de proa y del escándalo a Morín y el juicio que se ha cerrado en Barcelona y del que se espera sentencia a principios de este año.
La nueva ley, en contra también de lo anunciado, no hace otra cosa que aumentar el uso de centros privados. Menos de un raquítico 2% abortan en centros públicos. El predominio de este negocio ya es absoluto, y esto viene favorecido por la aplicación de recursos públicos, en una cuantía desmesurada y en época generalizada de recortes. En España, el Gobierno recorta todos los capítulos menos uno, el de los abortos, y esto se traduce en el generoso trato que las Comunidades Autónomas otorgan a estas clínicas. Es una piedra de escándalo que exista tal flujo de dinero público para una actividad privada. Si esto sucediera en otro campo, el PSOE e Izquierda Unida pondrían el grito en el cielo, pero como se trata del aborto, santo y seña de su identidad, lo admiten y celebran. Qué desgracia la de un país que unos, cuando tienen oportunidad de gobernar, se muestran insensibles ante el fundamento de la vida, el derecho a nacer, mientras los otros han convertido a la muerte en su signo de identidad.
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